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- Tribuna -

 

En el juicio contra Milani declara Stiuso

 

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por RAÚL FAURE

LA PATRIA PIQUETERA

El piquete es la metodología que utilizan los grupos neofascistas como paso previo para asaltar el poder. Esas organizaciones, sin más argumentos que la fuerza, son las que deciden si la población puede o no utilizar los servicios públicos esenciales.

Padecimos la patria de Evita (el que entonces no era peronista, no era argentino); la patria montonera (que asesinaba por la espada a soldados, policías, obreros y empresarios); la patria terrorista (que oficializó el crimen político); la patria sindical (de los dirigentes convertidos en monarcas de sus gremios); la patria de la tablita, del uno a uno y del corralito (que demolieron el trabajo y la industria). Y, hace poco, la patria de la corrupción, fundada por extravagantes multimillonarios. ¿Y ahora? Ahora padecemos la “patria piquetera”.

Fanáticos “ambientalistas” que deliran retrotraer la sociedad a la edad preindustrial; organizaciones no gubernamentales que tratan de adueñarse de las funciones que las leyes ponen a cargo del Estado; sindicatos con dirigentes designados a perpetuidad, que se valen de patotas de activistas para intimidar a sus compañeros de trabajo a quienes humillan degradándolos a la condición de rebaño; cooperativistas que se adueñan de recursos públicos en forma fraudulenta, como Tupac Amaru y Sueños Compartidos; improvisados e irresponsables decanos de facultades universitarias artificiales que de prepo impiden deliberar a las autoridades legítimas; sectas de izquierda que recitan los dogmas del estalinismo; patotas de enmascarados organizados por militantes nazis, no poco fieles del catolicismo, y algunos prelados que sacan de los templos las imágenes de sus santos milagrosos para sumarse a las marchas.

Hace poco, también lo hizo Juan Grabois, conductor del Movimiento de Trabajadores Excluidos, quien exhibe credenciales de asesor del Vaticano.

Todos, a pesar de la diversidad de sus creencias, unidos por la metodología inspirada en las fuentes fascistas; esto es, la utilización de la fuerza para domesticar a las autoridades legales.

Por eso, esas organizaciones, sin más argumentos que la fuerza, son las que deciden si la población puede o no utilizar los servicios públicos esenciales. Por lo general, al amparo de la inactividad de los organismos encargados de preservar la paz social.

El Ministerio Público, establecido por la Constitución Provincial para promover acciones en defensa del interés público y los derechos de las personas, impertérrito, por lo general se oculta cuando las agresiones afectan a ciudadanos indefensos.

El piquete es la metodología que utilizan los grupos neofascistas como paso previo para asaltar el poder. Así lo revelan las enseñanzas de la historia.

Cuando en Italia, en 1919, aparecieron las primeras formaciones (los llamados fasci di combattimento ), el periodismo preguntó a uno de sus jefes cuál era su programa y recibió esta respuesta: “El puño es la síntesis de nuestro programa”.

Y Benito Mussolini, ya proclamado duce en 1922, cuando se le pidieron precisiones sobre la relación del fascismo con los demócratas contestó: “¿Acaso los demócratas quieren saberlo? Nuestro programa es muy simple: romperle sus huesos”.

Lisandro de la Torre, en 1937, al tomar conocimiento de la alianza comercial entre las dictaduras de Italia y Alemania y la Rusia Soviética, dijo proféticamente: “El fascismo y el nazismo ajustaron los engranajes de sus dictaduras siguiendo las grandes líneas del modelo soviético”.

Por eso, no puede sorprender que en las marchas piqueteras confraternicen filocomunistas como Martín Sabbatella, Hugo Yasky y Carlos Heller, peronistas como Hebe de Bonafini y el exvicepresidente Amado Boudou, patoteros como Luis D’Elía y Fernando Esteche e impresentables dirigentes del cristinismo. Es que, siguiéndolo a De la Torre, “la adhesión al fascismo importa, en esencia, el desconocimiento a la soberanía del pueblo...”.

Todos estos hechos revelan que se ha formado un frente de tormenta que, cuando se desencadene, provocará graves problemas al gobierno democrático.

Los improvisados jefes de los partidos políticos (o, mejor, lo poco que queda de ellos) parecen no advertir el peligro que acecha a nuestra débil república. Ni siquiera lo denuncian, subestimando las claras y muchas evidencias que demuestran la existencia de un siniestro plan para demolerla.

En el radicalismo, casi en soledad, Eduardo Angeloz sobreponiéndose a su avanzada edad (luego de admitir que fue un gran error impulsar la reforma constitucional que le permitió sucederse a sí mismo como gobernador) retornó a las tribunas para evocar que la misión histórica de la UCR es actuar como centinela insobornable de la Constitución.

Hacía falta que se diera ese paso para agitar la conciencia dormida de muchos de sus correligionarios. Cerrarle el paso al neofascismo es el deber republicano de estos días. Antes que sea tarde.

* Abogado, Escritor, Historiador

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El golpe contra Illía

Un extraño personaje prestó juramento como presidente de la Nación el 12 de octubre de 1963. No recibía coimas, no ejercía actividades comerciales, no protegía a contratistas de obra pública que facturaban con fraude, no consentía que los laboratorios medicinales aumentaran abusivamente sus precios, no permitía que sindicalistas y militares co-gobernaran, respetaba la división de poderes establecida en la Constitución y las autonomías provinciales y administraba los recursos públicos con rigor y austeridad espartanas.
No podía entonces sorprender que Arturo Illia, desde el primer día de su gestión, padeciera del acoso despiadado y constante de sectores poderosos. La Sociedad Rural, la Unión Industrial, los dirigentes de las decenas de cámaras empresarias que disponían de subsidios estatales, los bancos deudores de los redescuentos generosos del Banco Central y parte de las Fuerzas Armadas influidas por la derecha fascista católica y por la doctrina de seguridad nacional de EEUU, participaban con entusiasmo en las reuniones y banquetes donde se tejían sin disimulo planes para remplazar al gobierno republicano por un régimen autoritario y corporativo.
A los que también asistían dirigentes de los sindicatos peronistas. Ya en mayo de 1964 hicieron un valioso aporte decretando el llamado plan de lucha que para el historiador Alain Rouquié (Poder militar y sociedad política en Argentina) constituyó la declaración de guerra sin cuartel contra el gobierno del presidente Illia.
El “plan de lucha” de la C.G.T.
Este plan comenzó a ejecutarse en mayo de 1964. Consistía, entre otros episodios de violencia, en la ocupación de fábricas, en la privación de la libertad de empresarios y gerentes y en la instalación de piquetes que impedían a la mayoría de obreros ejercer su derecho a trabajar.
Estos episodios suscitaron la curiosidad de historiadores extranjeros teniendo en cuenta que, después de la etapa recesiva que semiparalizó el país durante 1962 y 1963, la economía mostraba signos de recuperación. En conjunto había crecido el 10% en 1964 y los salarios aumentaron entre un 5% y un 7%, en tanto la tasa de desempleo era de solo el 5% de la fuerza total de trabajadores. Así, lo explican los estudios de Crawley (Una casa dividida) de Robert Potash (El ejército y la política argentina, 1962-1973) y de David Rock (Argentina 1516-1987) entre otros.
Estas comprobaciones les llevaron a preguntarse si detrás de ese sospechoso plan de lucha no existían móviles inconfesables, el principal de todos, la decisión de sumarse a la preparación de un golpe para derrocar al gobierno civil. Hugo Gambini en su Historia del peronismo 1956 -1973 no tuvo dudas al respecto: “El plan de lucha de la C.G.T. apoyado en las sombras por los militares golpistas tuvo por finalidad derrocar a Illia…
En esa misma dirección apuntó Eduardo Duhalde, un dirigente que no puede ser calificado de pro-radical quien, años después, declaró: “… la protesta de los gremios se hizo por el propósito sindical de jaquear al gobierno para favorecer el futuro golpe de Onganía…”
Si algo faltaba para provocar el caos, el peronismo, con alta representación en el Congreso, luego que se levantaran las proscripciones electorales, saboteó muchos proyectos legislativos, en tanto parte de la prensa (en especial los importantes semanarios “Primera Plana” y “Confirmado”) se empeñó en desacreditar al gobierno mientras levantaba la figura del Gral. Onganía como salvador de la Patria en peligro de desaparecer por el gobierno de la partidocracia.
Para entender que esa prédica fue una patraña monumental, basta reproducir las palabras de Mariano Grondona, uno de los célebres periodistas que tenía a su cargo la redacción de columnas en esas dos publicaciones: “Muchos, yo mismo- dijo en 1983- contribuí a la creación de un mito, el mito de Onganía, pero después el pobre hombre no pudo estar a la altura de las circunstancias ni del rol que le atribuimos…”
El decreto que dispuso la democratización de la actividad sindical
Pero, ¿cuál fue el detonante que produjo la sublevación militar- sindical? Porque no hay explosión sin que alguien o algunos accionen el detonante. Dejo de lado la participación de muchos militares en los episodios acaecidos entre junio y julio de 1966 en especial los del día 28 de este último mes cuando humillaron al presidente Illia expulsándolo de la Casa de Gobierno con un batallón de gases de la Policía Federal. Hubo, antes, un episodio decisivo, que los incautos no percibieron, pocas veces mencionado en las crónicas históricas, pero que para los jerarcas sindicales tuvo una entidad muy importante. Ese episodio fue la firma por el presidente Illia del decreto n° 969, fechado el 11 de febrero de ese año 1966. Fue el decreto que reglamentó la ley de asociaciones sindicales dictada en 1958. Esa ley, n° 14.455 reiteraba, con pequeñas modificaciones, los principios que inspiraron el decreto- ley que dictó la dictadura militar en 1945, copia, a su vez, de la legislación dictada por el gobierno fascista en Italia para someter a los gremios al Estado Corporativo diseñado por Mussolini.
¿Qué disponía esa norma jurídica? Solo la curiosidad y las aptitudes de Robert Potash como eminente historiador acertaron al asignarle, como ciertamente tuvo, una influencia decisiva en el desenlace de los sucesos que culminaron el 28 de julio de 1966 con el golpe militar- corporativo que arrastró al país al borde del abismo. Esa norma fue dictada para asegurar la democracia interna de los sindicatos. Impedía que sus dirigentes los utilizaran para fines políticos partidarios y los degradaran a la condición de ramas o partes integrantes de un partido.
Fue considerado como una amenaza por los dirigentes gremiales, consigna Potash y, por eso, se sumaron a la conspiración militar. No fue solo ese el motivo. La disposición contenida en el articulo 8°- “la adopción de medidas de acción directa deberá ser resuelta por el voto directo y secreto de sus afiliados en asamblea especialmente convocada al efecto”- impedía que la dirigencia actuara a espaldas y aun contra la voluntad de los trabajadores. La experiencia revela que en la generalidad de los casos, las huelgas, los paros sorpresivos, las llamadas “retenciones de servicios” y el “quite de colaboración” son medidas de fuerza impuestas por los dirigentes sin consultar a los afiliados. Para ello utilizan a los llamados activistas, quienes integran una patota que amenaza e intimida a sus propios compañeros de tareas y los humilla imponiéndoles un comportamiento de rebaño. Es el método que invariablemente se aplica a los trabajadores del sector público. Si existiera una norma como la del artículo 8° del decreto 969/66 no habría paros ni ocupación violenta de los espacios públicos. La enorme mayoría de los trabajadores de la administración, de la Justicia, los maestros, los profesores, los médicos son personas de bien que tratan de honrar sus tareas y no votarían por la adopción de medidas de fuerzas  que priven a la sociedad de servicios esenciales.
Los sindicatos contra la democracia y la paz social
Los sindicatos conducidos a perpetuidad por dirigentes muchos de ellos convertidos en mega- empresarios, con estatutos que no habilitan la participación de las minorías, propietarios exclusivos de los privilegios que confiere la personería gremial, jamás aceptaron ni aceptan someterse a las leyes que impiden el ejercicio abusivo de los derechos y preservan el interés general. Sus voraces apetitos facciosos los transforman en tutores del conjunto de la sociedad y en jueces de los gobiernos civiles elegidos democráticamente. Utilizaron la violencia para contribuir a derrocar al presidente Frondizzi y al presidente Illia y hasta pusieron en aprietos  a la presidente Martínez Vda. de Perón cuando en 1975 intentó cerrar la hemorragia provocada por el plan económico de su extinto esposo abonando el terreno para que las Fuerzas Armadas la derrocaran e impusieran la cruel dictadura iniciada en marzo de 1976. A los presidentes Alfonsín y De la Rúa los sometieron al acoso de paros, huelgas y sabotajes, obligándolos a ceder el poder antes que concluyeran sus mandatos legales.
Fue Hegel quien dijo “que los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces” Y Marx lo corrigió diciendo que es verdad que la historia se repite, pero no siempre de la misma manera. Nuestro país, con su desdichada historia, pareciera contradecirlo porque aquí la historia se repite del mismo modo y así lo acredita el comportamiento sindical.
Por eso no es una profecía, es una certeza: los padecimientos sufridos por los gobiernos civiles los sufrirá el presidente Macri, más temprano que tarde. A menos que el poder civil se afirme sobre su legitimidad legal y moral y le ponga límites al agresivo e intolerante sindicalismo peronista- fascista. Volver sobre el decreto de Illia puede ser un buen punto de partida para lograr ese objetivo.
Se me podrá decir que hoy los sindicatos no cuentan con la colaboración de las Fuerzas Armadas, ausentes con presunción de fallecimiento. Pero están “la Tupac Amarú”, “Quebracho”, “La Cámpora”, “Tierra y Vivienda”, “La Jauretche”, “La Evita” y las sectas comunistas y trotskistas cuyos integrantes tienen tal rudimentaria cultura política que creen que interrumpiendo el tránsito y privando a los enfermos de hospitales y a los niños de escuelas el proletariado tomará el control del país. Sectas dispuestas a provocar el caos social que obligue al presidente Macri a dimitir y, así, habilitar el retorno de la pandilla que gobernó hasta el 10 de diciembre pasado.

 

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