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 - Atalaya -



 

 

 

Hector J. Panzeri :
Escribano y Político

Por José Antonio Riesco

Bien se ha dicho que una personalidad se construye por el ejercicio de su quehacer y por las dificultades que afronta. Vale esto al cumplirse otro aniversario del fallecimiento de Héctor J. Panzeri (24 de diciembre del 2009 ), oriundo de Gral. Cabrera, estudiante en Río Cuarto y ciudadano permanente de La Docta y de su Universidad.

Fue un hombre de notoria sensibilidad, pero con una admirable disciplina en sus cometidos como Escribano. No diré duro aunque sí estricto en todo lo que fuere producir un documento o ratificar una firma, un acto o una relación. Parte de su trayectoria profesional la cumplió como titular del Colegio de Escribanos. A Panzeri se le podía pedir apoyos y ayudas, pero nunca al margen de las normas. Era un hombre accesible, incluso amable, pero sin concesiones al histrionismo. En su fisonomía y en sus actitudes estaba el estilo de sus ancestros lombardos.

Su primera experiencia, en plena juventud, en la administración pública, fue en el legendario Departamento Provincial del Trabajo (gobierno de Amadeo Sabattini) donde era director el abogado Arturo Zanichelli, futuro gobernador  y donde anudaron una estrecha y permanente amistad. Luego de militar en la UCR ambos convergieron en el proceso de “integración y desarrollo” que de 1957 en adelante lideró Arturo Frondizi.

En esta instancia (comicios de 1958), Panzeri fue electo senador provincial, oportunidad en que –como presidente del alto cuerpo-- mostró condiciones excepcionales para conducir un escenario cuya composición incluía a sus correligionarios, y a la vez a radicales y conservadores para nada “fáciles de arriar”. Allí brilló la destreza psicológica y política del presidente de la Cámara; sin concesiones en lo esencial, logró establecer un clima de convivencia y de aportes a la labor legislativa.

Hay que mencionar –sin desmedro para sus otras aptitudes-- la intensa y meritoria vocación deportiva de Héctor Panzeri. La cumplió largamente dirigiendo el Club Atlético Universitario (la “U”), en sus años mozos había integrado su equipo de rugby. Era, además, autor de un ambicioso pero muy sensato proyecto para que los clubes (de los barrios y las poblaciones urbanas) compartieran los recursos del presupuesto oficial para protagonizar activamente la práctica de los deportes.

No exagero al decir que Panzeri fue un modelo de dirigente social. y que como tal nunca hizo concesiones a las debilidades y vicios de esa vocación.  Acaso ciertos rubros de nuestras crisis como sociedad hubiesen tenido mejores rumbos si los liderazgos políticos hubieran llevado su impronta moral.-
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De quién es la prioridad …?
(A propósito de los “cuadernos”)

Por José Antonio Riesco
Instituto de Teoría del Estado

--“Hacete amigo del juez, no le des  de que quejarse, y si lo ves enojarse vos te tenés que encoger, pues siempre es bueno tener palenque donde ir a rascarse”.(M Fierro)
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Aunque para entender ciertas cuestiones argentinas se aprende tanto o más releyendo a “Cambalache” (1935), no por ello cabe prescindir de una consideración más fundamentada y referida a los tiempos actuales. En especial sobre aquellos acontecimientos que, de algún modo, vinculan a la política con la ética. Y de paso otro tanto con la economía.

--Una posición señala a la ética como la que formula los objetivos de las acciones que forman el “espacio público” y deja a la política la resolución de los medios y recursos para realizarlos. Pero el realismo, o pragmática del poder, confiere a la política la decisión sobre uno y otro (fines y medios). Es una larga discusión que llega desde la antigüedad cuando la escuela socrática dio prioridad a los principios morales en la determinación de lo que debe ser el Estado. Por eso Sócrates al tomar la cicuta le encontró mal gusto.

Las acciones judiciales contra la corrupción en el trámite de adjudicación de obras públicas a las empresas privadas pusieron al descubierto una trama de irregularidades y delitos de gran dimensión en cuanto a las coimas y comisiones de que dependió su efectividad. En el plano judicial resultó imputada la crema del sector empresario –hay de gran porte y otros medianos--, algunos con su asiento exclusivamente en el país y varios dueños o partícipes de combinaciones industriales y financieras en el extranjero.

Del otro lado del mostrador, receptora o con la iniciativa,  la Corte Real, esa que, integrada por favoritos, familiares cercanos y miembros selectos del gabinete nacional, estuvo siempre lista para satisfacer  caprichos y apetencias. Era la que rodeaba al poder coronado por el voto popular, cuando se negociaban dichas transgresiones a la legislación y reglamentos. Son las normas que rigen el procedimiento de adjudicación de las licitaciones (muchos millones de dólares). Y de paso lo que, junta o separadamente, es materia del Código Penal.

Allí estaba la Corte Real (como la de Catalina La Grande en tiempos de la nobleza aunque sin nada del talento de la alemana.). O sea el sector gobernante, en los días del Modelo K, por entonces eran los altos miembros de la clase política argentina, desde los primeros niveles (presidencia, jefes de gabinete, principales ministros, magistrados) hasta los de segundo nivel (secretarios de estado, asesores,  amanuenses, etc.). Con más los presta nombres, gestores y colaboradores del área doméstica, aunque de máxima confianza.

Semejante colusión de personajes y conductas ilegales (e inmorales) no es una novedad en nuestra tradición. Además de las batallas y guerrillas entre federales y unitarios,  las revoluciones y las conspiraciones, figuran los negociados y rapiñas a los bienes públicos. Siempre se recuerda lo ocurrido con los terrenos de El Palomar, los créditos truchos en los bancos oficiales durante el Proceso, etc. Desde lejos nos marca eso de Discepolín sobre “el que no afana es un gil” o aquella dura expresión del conde Keyserling (1929) “sois un pueblo venal y debéis luchar contra ese estigma.”

Colusión:  convenio, contrato, entre dos o más sujetos, con objeto de engañar  o perjudicar a un tercero.” (Diccionario Edi-Argen) El tercero puede ser un individuo, los competidores,  un grupo, una sociedad comercial o el Estado.

Aquí se trató, pues, de dos de los estamentos principales que participan de la obra pública, con sus implicancias financieras y sociales de por medio. Los empresarios de alta gama a cargo del capital, y los políticos consagrados por el favor electoral del pueblo. Algo empero los diferencia, la lógica de la máxima rentabilidad, en un caso, y la lógica del poder que se vive golosamente, en el otro.

Del manejo del Estado se dice que lo guía la voluntad de servir al “bien común”  y que todo debe subordinarse a dicha regla. Lo que implica una versión casi angelical de lo que hacen y dejan de hacer los políticos cuando, con el soporte de la mayoría electoral, se instalan en las funciones y mandos. Eso del “bien común” tiene, empero, su sentido. No hay dudas que con un criterio empírico (aristotélico) la política tiene su lugar y la moral el suyo. Pero un gobernante que califica violando las leyes de la moral, como hábito y estilo, nada tiene de político; y eso, además, ensucia los cometidos del Estado.

La lógica del empresario refiere a dotar del más alto nivel de rentabilidad posible a sus inversiones. Lo guía una actitud mental dirigida al máximo de ganancia con relación positiva respecto al monto de la inversión. En una sociedad donde buena parte de la actividad social está cubierta por la acción del Estado, a la economía privada en buena medida le compete cumplir sus cometidos en el cerco de las políticas oficiales. Y éstas sometidas al patriotismo o al hambre de riqueza mal habida de los “representantes del pueblo”.

Al empresario le cabe sostener la rentabilidad o va a la quiebra, lo cual supone que los gerentes,  técnicos y trabajadores perderán sus empleos, los proveedores de insumos a su cliente y el erario público no podrá disponer de los ingresos provenientes de los impuestos.  Si esto se extiende, la economía del país ingresa en zonas de malaria. Surge, pues, una cuestión: para obtener un contrato de obra pública es suficiente ser un postulante de primera en administración, tecnología y costos..? De lo contrario basta con proponer un acuerdo ilegal o someterse al que le imponga la alta burocracia oficial.

La lógica del político, en más y menos, implica el respeto irrestricto a las normas que regulan la adjudicación de obras que financia el Estado. Pero se degenera si a las reglas de la convocatoria la sustituye “la coima”, con su apetito por convertir el trámite en una transacción espuria. Más grave si no se limita a un monto que paga el licitatario sino que se sustrae al recurso público que el Estado aporta.

La lógica del empresario define y regula el beneficio que finalmente logrará ejecutando y cobrando “la diferencia”; pero es mayor la acción de mala fe si consiguió excluir dolosamente a sus competidores en la licitación. La lógica del político es más amplia y flexible: si lo espera una causa judicial siempre tendrá opciones a su favor, falta de mérito o prescripción de la causa.-

 

 

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